lunes, 11 de julio de 2011

Características de la Reforma laboral

ANATOMIA DE LA REFORMA

LABORAL

El Real Decreto que entra

en vigor supone una nueva, pero ni la primera ni la última, agresión. Con mala fe, entre el borrador inicial y el redactado definitivo, se ha pasado de importantes agresiones a un claro endurecimiento de los contenidos de la reforma laboral, posiblemente para recabar, si no el apoyo, sí la abstención y beneplácito tácito de las fuerzas de la derecha parlamentaria. Ahora se inicia el trámite para validarlo en los próximos meses.

Los grandes medios de comunicación y los poderes fácticos de la burguesía machacan constantemente a la opinión pública con la falsedad de que la reforma laboral es necesaria. Pero no lo es, y de serlo tendría que tener una orientación opuesta a la adoptada. En cambio, las políticas eficaces contra la crisis no se están adoptando en ningún país: cambio de modelo y de objetivos de la Unión Europea, regulación de los mercados financieros, recuperación de la Banca pública, desarrollo de una reforma fiscal progresiva, persecución delenorme fraude fiscaldesarrollo de una inversión pública planeada al servicio de las necesidades sociales, regulación y orientación de las actividades de la economía privada en sus áreas estratégicas. En suma, hacer que la crisis la paguen los capitalistas.

Las reformas laborales regresivas no crean empleo. Y ésta ciertamente

no lo creará. Los neoliberales defienden cínicamente que rebajar el coste del factor trabajo promueve la competitividad y con ello estimula el crecimiento y el empleo. Sin embargo, la realidad se muestra tozuda desmintiéndolo. La creación de empleo, bajo el capitalismo, depende de la actividad productiva, de las expectativas de beneficio, de las condiciones de la demanda y la inversión. Por mucho que se abaraten costes laborales, si no se dan esas condiciones, y ahora estamos en una fase de crisis en la que ciertamente no se dan y que durará, no habrá ni inversión productiva (no confundir con la especulación financiera) ni creación de empleo. Abaratar costes laborales, en cambio, sí mejorará

la tasa de rentabilidad de las empresas que sobreviven (el objetivo real pero no declarado de la contrarreforma laboral en curso), pero a costa de deprimir la economía. El despido barato ha permitido un rápido aumento del desempleo, ya que las empresas han ajustado rápidamente, de manera fácil y barata, la caída de la demanda sobre los y las trabajadoras. En realidad, la patronal quiere, y el gobierno acepta, que se aumente el paro como medio para incrementar los beneficios de las empresas. Esto es lo que realmente subyace al cinismo de la patronal y a la hipocresía del gobierno.

Además, esta reforma es injusta. El gobierno dice que favorecerá el empleo estable. Pero no es así. La contratación indefinida en este país no es estable, pues la media de continuidad de un trabajador no pasa de cinco años en el mismo empleo actualmente, y además la diferencia entre un contrato

temporal y otro indefinido (el fijo sólo es, en la práctica, para el funcionariado) es el coste del despido, porque en este país despedir,

si bien no es gratis, es prácticamente libre. Mientras el coste de emplear por vía temporal sea menor que hacerlo por vía indefinida, seguirá siendo más barato y por tanto será la modalidad preferente del empresariado.

Esta reforma no es un cambio menor de la regulación de las relaciones laborales. Y no es previsible ninguna moderación de sus contenidos. No, porque el capital internacional, la UE y otros organismos internacionales no cesan en exigir un endurecimiento mayor. Y porque los agentes que gestionan la crisis capitalista han decidido que la paguen los y las trabajadoras. Y si se exige que ésta sea la vía de cumplir el dictado neoliberal de los Pactos de Estabilidad, las últimas medidas del gobierno no serán más que el prólogo de un ataque contra los derechos sociales y democráticos de las clases populares sin parangón en Europa desde los años treinta del siglo pasado (con las terribles consecuencias que conocemos).

Esta reforma actúa sobre el despido. Es una mentira inaceptable decir que abaratar y facilitar el despido creará empleo. Siempre, y más todavía en un contexto de crisis, sólo creará más paro.

Esta reforma generalizará el contrato de fomento, con indemnización de 33 días por año trabajado y 24 mensualidades, haciendo minoritario el uso del contrato ordinario de 45 días y 42 mensualidades. El despido disciplinario improcedente del contrato de fomento pasa también de 45 a 33 días de indemnización.

Esta reforma abarata sustancialmente y socializa el coste del despido, no entre la patronal, sino entre

toda la población asalariada. En primer lugar, porque el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) aportará lo correspondiente a 8 días por año trabajado en los despidos de cualquier contratado indefinido. Porque facilita el despido objetivo, colectivo, con una justificación muy laxa, permitiendo el despido por 20 días (que serán 12 para el empresario, al aportar el FOGASA los 8 días restantes). Además, se prevé que próximamente se implante el Fondo de capitalización individual de la indemnización,

sin incrementar las cuotas empresariales, con lo que así el coste del despido lo pagarán con su salario indirecto el resto de trabajadores, en detrimento de los recursos de la Seguridad Social. Además, al contar con un fondo habilitado para pagar el despido ya no habrá obstáculo económico que disuada de echar al personal. Y el FOGASA, mientras tanto, se arruinará, perdiendo su superávit actual. Ni que decir tiene que las compensaciones que incluye sobre un gradual y ridículo encarecimiento de la contratación temporal, el límite temporal (¡que puede ser de cuatro años!) al contrato de obra y servicio, o la mejor regulación del límite al encadenamiento de los contratos temporales, son elementos cosméticos y menores respecto al conjunto de las agresiones principales.



Esta reforma privatiza parcialmente la intermediación laboral. En lugar de promover un servicio público más fuerte, con más recursos y más competencias, asistimos a la legalización y externalización de la intermediación laboral hacia las agencias de colocación privadas; y a la ampliación del margen de maniobra de las ETTs, que podrán actuar en la sanidad y en la construcción.



Esta reforma destinará en torno a 2.800 millones de euros para bonificar la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años, y mayores de 45 o más, en empresas que no hayan despedido de manera improcedente y que mantengan el empleo indefinido. Aunque la reordenación de éstas no es peor que la anterior, sería mucho más útil haber destinado estos fondos, o bien a fortalecer la Seguridad Social, bien a generar empleo público directo, bien financiar, por ejemplo, adaptaciones del entorno laboral
para colectivos con dificultades como las personas con discapacidad. De otro modo, sólo servirá para cambiar la posición en la cola del paro de ciertos colectivos, pues esta medida no crea empleo, y a abaratar sustancialmente los costes laborales a la patronal. En este caso, y recordando que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad económica, la eliminación
de la bonificación para la contratación de mujeres, no siendo ésta nuestra propuesta para compensar la discriminación estructural de la mujer en el mercado laboral, y no aportando otras medidas , deja
en una situación aún peor a la mitad de la población.



Se amplían las posibilidades de emplear las modalidades del contrato de formación y del contrato en prácticas, destinadas a jóvenes, pero ya no tan jóvenes (puede emplearse a colectivos de hasta 25 años). Se trata de contratos de salarios por debajo del SMI y de los mínimos en convenio, compensados con formación teórica, un certificado profesional de valor simbólico y una minúscula prestación por desempleo.



Se da más poder empresarial para la gestión de la flexibilidad de la organización del trabajo,
acortando los plazos de consulta (y, por tanto, de diagnóstico, elaboración de propuestas alternativas y negociación), con los sindicatos. Bastará
un acuerdo con los sindicatos, amparado en que la solución “mejora las condiciones de competitividad de la empresa” para poder realizar medidas de movilidad geográfica y cambios sustanciales de las condiciones de trabajo.



Esta reforma anuncia el compromiso con una posible reforma de la negociación colectiva, y como anticipo plantea una mayor facilidad de inaplicación y descuelgue salarial de los convenios. Con ello, la reforma laboral abre las puertas a la liquidación de la propia negociación colectiva, del papel que juegan las organizaciones de los trabajadores y del propio Estatuto de los Trabajadores, imponiéndose un modelo de individualización de la relación salarial en el que los empresarios puedan negociar frente a los trabajadores sin tener que verse constreñidos por convenios colectivos o regulaciones laborales. No es éste un aspecto menor, pues la reforma
tiene como uno de sus objetivos la derrota y desaparición de los sindicatos, como ya hizo Thatcher en su momento en Gran Bretaña, para poder marcar
unas nuevas reglas del juego en Europa entre trabajo y capital, donde no haya ninguna posibilidad de preservar los intereses más elementales
del mundo del trabajo y su organización colectiva.



La reforma no elimina los incentivos a la contratación parcial, cuando lo que debería abordarse es la reducción de la jornada para repartir el emplo. Ésta es una causa fundamental de la dualización por género del mercado de trabajo (el 80% de trabajador@s a tiempo parcial son mujeres), refuerza la inserción laboral precaria y la sobreespecialización en tareas domésticas y reproductivas (es por eso por lo que las mujeres se acogen al tiempo parcial...). Y hacemos mención a que en la reforma no hay propuesta para incluir a las trabajadoras domésticas en el Estatuto de los Trabajadores y siguen en un régimen especial que las hace más vulnerables que otros
colectivos.

Extraido de www.anticapitalistas.org

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